Cuando los gobernantes se olvidan del principio republicano de la transparencia.
Una medida dictada hace siete meses, fue publicada en el Boletín Oficial del 17 de agosto último, por el cual la Secretaría de Hidrocarburos de Tierra del Fuego, obliga a las partes que negocien contratos petroleros, a suscribir un contrato de confidencialidad e impide el conocimiento público de las condiciones en que se desarrolla la negociación.
Así lo indica la Agencia OPI, que señala este como otro escándalo que envuelve a la administración de la gobernadora de Tierra del Fuego, la kirchnerista Fabiana Ríos, que aún no pudo recuperarse de la mala prensa que le dio el salariazo que se autoimpuso junto a legisladores del oficialismo y Ministros.
Así lo indica la Agencia OPI, que señala este como otro escándalo que envuelve a la administración de la gobernadora de Tierra del Fuego, la kirchnerista Fabiana Ríos, que aún no pudo recuperarse de la mala prensa que le dio el salariazo que se autoimpuso junto a legisladores del oficialismo y Ministros.
Según indica ese medio, una resolución adoptada para el 6 de enero de 2011, por la Secretaría de Hidrocarburos de Tierra del Fuego, expresa que en todos los contratos de renegociación petrolera que haga la provincia, incluyendo la que está en curso, las partes (Estado y privados) quedarán sujetos a un Contrato de Confidencialidad, durante el cual se prohíbe a los actores a brindar cualquier tipo de información y/o difundir detalles de la operación a ninguna persona o medio de comunicación, haciéndose pasible (quien vulneren estas condiciones) a juicios por “daños y perjuicios”.
Es así que el Ejecutivo provincial, previendo que dicha medida iba a despertar polémicas, la publicó en el Boletín Oficial recién el día 17 de agosto de 2011, o sea, siete meses después de su promulgación, cuidando de atravesar la fecha de las elecciones provinciales, donde Fabiana Ríos resultó reelecta, estimando de antemano que la difusión de tal noticia podría afectar la intención de voto producto del rechazo que produce en la provincia este tipo de negociaciones secretas, en las cuales se deja afuera del conocimiento al pueblo, y encendiendo suspicacias de corrupción.
Manuel Raimbault, legislador de Encuentro Popular, quien fue uno de los denunciantes del “salariazo”, instó al Poder Ejecutivo a anular la norma, dado que la considera ilegítima y atentatoria del control que los distintos organismos, incluyendo la legislatura, deben tener sobre los actos del gobierno.
Según Raimbault, el colmo del ocultamiento oficial llegó a su punto máximo cuando los diputados de su partido solicitaron una copia certificada de todos los expedientes en trámites sobre la renegociación de contratos o concesiones petroleros y recibieron como respuesta que, dado los voluminosos cuerpos que tiene la documentación “de costosa reproducción” y “a fín de evitar un dispendio de recursos”, los documentos se ponen a disposición en la Secretaría de Hidrocarburos de la provincia. El legislador consideró un disparate los argumentos, atendiendo que el interés del objeto —como son los contratos petroleros que firma la provincia comprometiendo el futuro de los recursos naturales de los fueguinos— justifica, a todas luces, el costo de simples fotocopias.
El legislador consideró que “evidentemente hay una intencionalidad manifiesta de ocultamiento y reserva que atenta contra la institucionalidad y con el derecho público a la información, que además lesiona el derecho individual de los ciudadanos de TDF que luchan, trabajan y contribuyen con su dinero, a sostener la estructura de un Estado que no transparenta sus acciones”.
Un escollo más en la administración de la kirchnerista Fabiana Ríos.
Es así que el Ejecutivo provincial, previendo que dicha medida iba a despertar polémicas, la publicó en el Boletín Oficial recién el día 17 de agosto de 2011, o sea, siete meses después de su promulgación, cuidando de atravesar la fecha de las elecciones provinciales, donde Fabiana Ríos resultó reelecta, estimando de antemano que la difusión de tal noticia podría afectar la intención de voto producto del rechazo que produce en la provincia este tipo de negociaciones secretas, en las cuales se deja afuera del conocimiento al pueblo, y encendiendo suspicacias de corrupción.
Manuel Raimbault, legislador de Encuentro Popular, quien fue uno de los denunciantes del “salariazo”, instó al Poder Ejecutivo a anular la norma, dado que la considera ilegítima y atentatoria del control que los distintos organismos, incluyendo la legislatura, deben tener sobre los actos del gobierno.
Según Raimbault, el colmo del ocultamiento oficial llegó a su punto máximo cuando los diputados de su partido solicitaron una copia certificada de todos los expedientes en trámites sobre la renegociación de contratos o concesiones petroleros y recibieron como respuesta que, dado los voluminosos cuerpos que tiene la documentación “de costosa reproducción” y “a fín de evitar un dispendio de recursos”, los documentos se ponen a disposición en la Secretaría de Hidrocarburos de la provincia. El legislador consideró un disparate los argumentos, atendiendo que el interés del objeto —como son los contratos petroleros que firma la provincia comprometiendo el futuro de los recursos naturales de los fueguinos— justifica, a todas luces, el costo de simples fotocopias.
El legislador consideró que “evidentemente hay una intencionalidad manifiesta de ocultamiento y reserva que atenta contra la institucionalidad y con el derecho público a la información, que además lesiona el derecho individual de los ciudadanos de TDF que luchan, trabajan y contribuyen con su dinero, a sostener la estructura de un Estado que no transparenta sus acciones”.
Un escollo más en la administración de la kirchnerista Fabiana Ríos.
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