BUENOS AIRES.- La Cámara Nacional Electoral le pidió al Ministerio del I
nterior que le informe si contrató a jóvenes que aparecieron en medio de las últimas elecciones como “orientadores” en los colegios, sin que tuvieran autorización de la Justicia.
Estos jóvenes empleados con credenciales del Ministerio del Interior y de la Dirección Nacional Electoral, que cobraron entre $ 500 y $ 800, tenían instrucciones de presentarse en los colegios a las 7 de la mañana e irse cuando retiraran la última urna, dijo la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría a LA NACION.
La magistrada Maria Servini de Cubría, Jueza Federal Electoral Porteñapuso el asunto en conocimiento de la Cámara Nacional Electoral, que ayer le preguntó al ministro del Interior, Florencio Randazzo, si su dependencia contrató a los jóvenes, que estaban sentados a una mesa en la entrada de las escuelas, con una computadora con el padrón electoral cargado.
“Yo no sé si sólo orientaban a los electores perdidos o hacían otras tareas durante el escrutinio, porque no se entiende por qué se debían quedar hasta que se fuera la última urna. Yo los eché”, afirmó la jueza Servini de Cubría.
Según la magistrada, los empleados usaban una credencial del Ministerio del Interior y del Correo, y sus honorarios serían pagados por una empresa privada que prestó auxilio en el operativo electoral del 14 de agosto último. La jueza, además, les está tomando declaración a los delegados del Poder Judicial que estaban en las escuelas, quienes describieron la actividad de estos jóvenes “orientadores electorales”.
La Cámara Nacional Electoral también les pidió a los 23 jueces electorales de todo el país que informen si se presentó la misma situación en sus distritos que en la ciudad de Buenos Aires o si recibieron denuncias sobre el tema.
Ya durante el domingo de la elección algunos de estos jóvenes se habían acercado a los medios de prensa para quejarse porque los sacaban de las escuelas. Dijeron que en total eran 1000 y que fueron contratados por el Correo Argentino, a través de la empresa Global TI SRL, luego de contestar un cuestionario.
La jueza Servini de Cubría dijo que otros de los empleados decían “que directamente venían del Ministerio del Interior o de parte del doctor [Alejandro] Tullio”, titular de la Dirección Nacional Electoral.
Anoche, ante una consulta de LA NACION, fuentes del Ministerio del Interior indicaron que Randazzo ordenó preguntar y recolectar información en los organismos a su cargo sobre la presencia de esas personas en los lugares de votación.
En la Cámara Nacional Electoral explicaron ayer a este diario que los jóvenes “no tenían autorización para estar en los colegios”. Y recordaron que hasta los medios de prensa debían ser autorizados para grabar imágenes en el interior de los establecimientos educativos.
Cambio de presidentes
En tanto, la Cámara Nacional Electoral tiene en estudio dictar la semana próxima una resolución mediante la cual cambiará en todo el país a los presidentes de mesa que hayan actuado con desidia o hayan cometido irregularidades durante el escrutinio de sus urnas y la confección de las actas y los telegramas remitidos a las autoridades electorales.
Así lo dijeron a LA NACION fuentes del tribunal, que recordaron que una decisión similar ya tomó el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Manuel Blanco, cuando decidió declarar nulas las actas de 273 mesas objetadas durante el escrutinio definitivo.
Lo que busca la Cámara Nacional Electoral es que esta decisión no sea discrecional de cada magistrado electoral, sino tomar una medida que obligue a todas las jurisdicciones.
Advirtieron las fuentes que, de todos modos, los presidentes de mesa que hayan actuado con desidia serán reprendidos. Serán reemplazados, se informó, por ciudadanos elegidos al azar, que no estén afiliados a ningún partido político.
En las últimas elecciones fueron designados 85.000 presidentes de mesa y otros tantos suplentes. Cada uno está anotado con sus datos personales para cobrar por su función.
El juez electoral de cada jurisdicción estudiará caso por caso y verá si debe reemplazarlos o reforzar la capacitación que recibieron para que puedan desempeñarse con idoneidad durante las elecciones de octubre. No está definida la cantidad de presidentes de mesa por reemplazar.
Fuente
nterior que le informe si contrató a jóvenes que aparecieron en medio de las últimas elecciones como “orientadores” en los colegios, sin que tuvieran autorización de la Justicia.
Estos jóvenes empleados con credenciales del Ministerio del Interior y de la Dirección Nacional Electoral, que cobraron entre $ 500 y $ 800, tenían instrucciones de presentarse en los colegios a las 7 de la mañana e irse cuando retiraran la última urna, dijo la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría a LA NACION.
La magistrada Maria Servini de Cubría, Jueza Federal Electoral Porteñapuso el asunto en conocimiento de la Cámara Nacional Electoral, que ayer le preguntó al ministro del Interior, Florencio Randazzo, si su dependencia contrató a los jóvenes, que estaban sentados a una mesa en la entrada de las escuelas, con una computadora con el padrón electoral cargado.
“Yo no sé si sólo orientaban a los electores perdidos o hacían otras tareas durante el escrutinio, porque no se entiende por qué se debían quedar hasta que se fuera la última urna. Yo los eché”, afirmó la jueza Servini de Cubría.
Según la magistrada, los empleados usaban una credencial del Ministerio del Interior y del Correo, y sus honorarios serían pagados por una empresa privada que prestó auxilio en el operativo electoral del 14 de agosto último. La jueza, además, les está tomando declaración a los delegados del Poder Judicial que estaban en las escuelas, quienes describieron la actividad de estos jóvenes “orientadores electorales”.
La Cámara Nacional Electoral también les pidió a los 23 jueces electorales de todo el país que informen si se presentó la misma situación en sus distritos que en la ciudad de Buenos Aires o si recibieron denuncias sobre el tema.
Ya durante el domingo de la elección algunos de estos jóvenes se habían acercado a los medios de prensa para quejarse porque los sacaban de las escuelas. Dijeron que en total eran 1000 y que fueron contratados por el Correo Argentino, a través de la empresa Global TI SRL, luego de contestar un cuestionario.
La jueza Servini de Cubría dijo que otros de los empleados decían “que directamente venían del Ministerio del Interior o de parte del doctor [Alejandro] Tullio”, titular de la Dirección Nacional Electoral.
Anoche, ante una consulta de LA NACION, fuentes del Ministerio del Interior indicaron que Randazzo ordenó preguntar y recolectar información en los organismos a su cargo sobre la presencia de esas personas en los lugares de votación.
En la Cámara Nacional Electoral explicaron ayer a este diario que los jóvenes “no tenían autorización para estar en los colegios”. Y recordaron que hasta los medios de prensa debían ser autorizados para grabar imágenes en el interior de los establecimientos educativos.
Cambio de presidentes
En tanto, la Cámara Nacional Electoral tiene en estudio dictar la semana próxima una resolución mediante la cual cambiará en todo el país a los presidentes de mesa que hayan actuado con desidia o hayan cometido irregularidades durante el escrutinio de sus urnas y la confección de las actas y los telegramas remitidos a las autoridades electorales.
Así lo dijeron a LA NACION fuentes del tribunal, que recordaron que una decisión similar ya tomó el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Manuel Blanco, cuando decidió declarar nulas las actas de 273 mesas objetadas durante el escrutinio definitivo.
Lo que busca la Cámara Nacional Electoral es que esta decisión no sea discrecional de cada magistrado electoral, sino tomar una medida que obligue a todas las jurisdicciones.
Advirtieron las fuentes que, de todos modos, los presidentes de mesa que hayan actuado con desidia serán reprendidos. Serán reemplazados, se informó, por ciudadanos elegidos al azar, que no estén afiliados a ningún partido político.
En las últimas elecciones fueron designados 85.000 presidentes de mesa y otros tantos suplentes. Cada uno está anotado con sus datos personales para cobrar por su función.
El juez electoral de cada jurisdicción estudiará caso por caso y verá si debe reemplazarlos o reforzar la capacitación que recibieron para que puedan desempeñarse con idoneidad durante las elecciones de octubre. No está definida la cantidad de presidentes de mesa por reemplazar.
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