Ordenan avanzar con investigación de entrega de planes sociales irregulares en elecciones de 2005

La Cámara Federal le ordenó al juez Norberto Oyarbide que profundice la investigación que se sigue por el otorgamiento de unos 1750 planes sociales a desocupados, supuestamente a cambio de participar como fiscales del kirchnerismo en las legislativas de octubre de 2005, cuando Cristina Kirchner encabezó la lista de senadores por Buenos Aires.
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La causa se inició poco antes de los comicios del 23 de octubre de 2005, cuando se enfrentaron la actual presidenta e Hilda González de Duhalde en la provincia de Buenos Aires, resultando ganadora la primera de ellas.
La denuncia había sido realizada los días previos a la elección por el fiscal Guillermo Marijuan, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises).
El fiscal hizo la presentación luego de que la entonces Directora de Empleo de la Municipalidad de San Martín, Ana María Giosa, le confiara que se había duplicado la entrega de los planes sociales en ese distrito (clave del conurbano por la gran cantidad de votantes que aportaba) los días previos a las elecciones.
La denuncia apuntó a determinar si "en octubre de 2005 fueron incluidos en forma repentina 1750 beneficiarios en un Programa de Empleo Comunitario, presuntamente en contraprestación por su participación o actuación en las elecciones legislativas".
En tanto, la investigación abarcó principalmente al entonces concejal por el Frente para la Victoria de San Martín, Oscar Bitz, quien cumplió mandato entre 2001 y 2005.
Sin embargo, en la causa también se investiga a funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, encargados de efectuar las inscripciones y contralor de los beneficios otorgados en el año 2005, en el marco del Plan de Empleo Comunitario (PEC), para el cual se aportó 10.758.300 pesos para su financiamiento.
Además, aparecen mencionados César Chaer, entonces candidato a Concejal de San Martín; la esposa de éste, Mabel Seller; empleados del Municipio; y Leonardo Carambia, entonces vicepresidente de la Asociación Civil Sentido Solidario (entidad que gestionó la adhesión de beneficiarios).
En primera instancia, Oyarbide sobreseyó a Bitz, lo que fue apelado por el fiscal Carlos Cearras, y ahora la Sala I (con la firma de Martín Irurzun y Eduardo Farah) dispuso revocar el fallo de primera instancia y sugirió algunas medidas de prueba para avanzar en la pesquisa.
"Aún no se logró desvirtuar las sospechas sobre las conductas asumidas por las personas que se encuentran imputadas y aquellas otras que con el avance de la pesquisa podrán ser legitimadas pasivamente", explicaron los camaristas.
Como primera medida, el Tribunal sugirió "establecer si la Asociación Civil Sentido Solidario se encontraba en condiciones de gestionar la adhesión de beneficiarios al PEC, como así también de la existencia de cupos para su incorporación".
La denuncia se basó en los dichos de la entonces encargada del área de trabajo de San Martín, que afirmó que le llamó la atención que "históricamente la cantidad de beneficiarios oscilaba entre 1600 y 1700, circunstancia que abruptamente se modificó en octubre de 2005 con aproximadamente 3400 personas para el cobro".
También ordenó que se verificara "la cantidad de beneficiarios antes, durante y después del período que abarcan los hechos, su adecuada incorporación, la factibilidad de que ello ocurriese en orden a una supuesta falta de presupuesto para su sustentabilidad y que solamente se daban de alta beneficios cuando existía alguna baja".
Además, el Tribunal pidió determinar si se cumplió la contraprestación de los beneficiarios del plan social, "máxime considerando los altos porcentajes de ausentismo evidenciados", destacaron los jueces en el fallo al que accedió Noticias Argentinas.
"No puede perderse de vista que para la fecha en la que acontecieron los hechos efectivamente existía una normativa que establecía cual era el área encargada del seguimiento y fiscalización de los proyectos presentados y aprobados", recordó la Cámara.
Al respecto, agregó: "De lo expuesto se concluye, que se encontraba reglado quien debía velar por el normal desarrollo de los proyectos, desde su aprobación hasta el cumplimiento de la contraprestación".